La CE ha publicado este lunes los primeros “In-Depth Reviews” para los países que registran desequilibrios macroeconómicos y, entre ellos, se encuentra España con la existencia de un alto riesgo a largo plazo de deuda pública. La CE recomienda específicamente simplificar el IVA, ajustar los beneficios fiscales y elevar la fiscalidad medioambiental.

Estas medidas coinciden con las recomendaciones de expertos del libro blanco de la reforma tributaria de 2022, que forma parte del Plan de Recuperación comprometido para recibir los fondos de la UE.

Resaltan que España tiene un peso de ingresos tributarios en relación con el PIB menor que la media de la UE: 38,3% frente al 41,2% en 2022. Además, esta cifra ha disminuido al 38% en 2023 debido a rebajas fiscales relacionadas con la inflación. Pero la Comisión considera que son necesarias nuevas medidas, puesto que el reciente aumento de los ingresos tributarios es mayoritariamente temporal.

Según recoge el informe, en España se mantiene un IVA superreducido poco común (4%), siendo uno de los cuatro estados miembros que lo tienen. El Comité de expertos insta a eliminar esta anomalía simplificando y elevando los tipos.

Además, los impuestos sobre los carburantes son más bajos en comparación con otros países. España es el tercer país con menos peso de la fiscalidad medioambiental en su PIB, lo que se refleja en impuestos energéticos y asociados al transporte (peajes) y a la contaminación.

El Comité también  recomienda la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante a través de un aumento general de la fiscalidad de la gasolina, el diésel y el gas natural, para reducir las emisiones e incrementar la recaudación.

Sin embargo, el Gobierno español no contempla subir más impuestos ni aplicar recortes para reducir el déficit. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en una declaración reciente, detalló los planes del Ejecutivo en materia de impuestos, mencionando la aprobación en una ley la reducción por rendimientos del trabajo ligada a la subida del SMI de 2024 y una bonificación fiscal a inversiones verdes en el sector energético. También se prevé hacer definitivo el impuesto a las energéticas y a la banca, pero no medidas adicionales de subida de impuestos.

Pese a no haberse contemplado ninguna de las acciones sobre las que ahora pone el foco Bruselas, el Gobierno confía en el crecimiento económico para reducir el déficit; aunque la Comisión advierte que esto no será suficiente para evitar un aumento de la deuda a largo plazo debido al crecimiento del gasto en envejecimiento.

Por tanto, estas discrepancias deberán resolverse en el plan de ajuste fiscal que España debe presentar antes del 20 de septiembre para cumplir con las nuevas reglas fiscales.