Las empresas reclaman a la UE una nueva legislación ante la persistencia en los retrasos de los pagos a proveedores

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El plazo medio de pago del sector privado aumentó 3 días durante 2023, hasta los 70 días de media, mientras que el del sector público se redujo 12 días, hasta una media de 55 días, situándose en ambos casos por encima de lo establecido por la Ley 15/2010 --60 días para las empresas y de 30 días para las Administraciones Públicas--.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha constatado que los plazos de pago a proveedores en España siguen siendo, un año más, superiores a los permitidos por la ley, según se desprende de la nueva edición de su "Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023".

De acuerdo con el informe, en el sector privado, para el 59% de los encuestados por la Plataforma el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas --las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros--.

Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 81% declara que estas superan el plazo legal: el 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 36% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.

En el ámbito público, más de la mitad de los encuestados (53%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración Regional, abarcando un 32% de los encuestados, y la tercera, la Administración Central (con un 15% de respuestas).

Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 81% de los proveedores de la Administración Regional, y para el 78% de los proveedores tanto de la Local como de la Central.

Si bien es cierto que tanto la PMcM como el Ministerio de Hacienda han constatado una reducción de los plazos de pago de las Administraciones Públicas, la Plataforma ha manifestado que los resultados de su muestra "distan mucho" de los permitidos por la ley. Al contrario que en 2023, la PMcM cree que durante el presente año la situación "pueda empeorar porque se reducen las aportaciones a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, al estar destinándose parte del dinero a las telefónicas".

El análisis de la PMcM también ha constatado que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 99 días de media.

Considerando los resultados obtenidos del análisis llevado a cabo por la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en 2023 en el 5,1%, ligeramente superior al 5% de 2022.

Asimismo, un 74% de los participantes señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2024 no va a variar. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 73% declara que sería pedir financiación, y un 17% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO CONTRA LA MOROSIDAD

Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, la llegada del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad marcará el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo.

Desde su perspectiva, establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago "mejorará sin lugar a dudas la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas".

El próximo martes 23 de abril, en su último plenario, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar esta normativa, que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación).

Después del Parlamento Europeo, la normativa tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea. Hasta su aprobación definitiva, la PMcM ha asegurado que continuará vigilante para evitar que las presiones de los lobbies empresariales consigan frenar la tramitación del reglamento, del que se beneficiarán en toda Europa millones de empresas, especialmente autónomos y pymes, que son "los que más sufren la lacra de la morosidad".

Paralelamente, la entidad seguirá trabajando para asegurar su participación en el Consejo Estatal de la pyme y en el Observatorio de la Morosidad, instando a la implementación de este último organismo, "ante la necesidad imperiosa de abordar el problema de la morosidad en nuestro país, ya que nuestros plazos de pago están entre los más largos de la Unión Europea", ha afirmado Cañete.