Sostiene que de 2005 a 2007 fue residente fiscal en EEUU y por lo tanto no hubo delito fiscal que conectar con el supuesto blanqueo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La defensa del exministro Rodrigo Rato, dirigida por la abogada María Massó, ha sostenido este jueves que la causa contra él es un "castillo de naipes" basada en acusaciones "contradictorias y absolutamente arbitrarias", por lo que ha pedido la libre absolución ya que se ha vivido "un juicio al revés" en el que ha regido "el principio de culpabilidad".

Así se ha pronunciado en los primeros compases de su informe ante el tribunal en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el exministro del Gobierno de José María Aznar por el presunto incremento ilícito de su patrimonio.

"Este es el juicio al revés, (...) en este plenario ha regido el principio de culpabilidad y somos las defensas, ya culpables, las que tenemos que demostrar nuestra inocencia", ha lamentado para luego añadir que el Ministerio Fiscal ha sostenido "tesis, teorías e hipótesis criminales más propias de quien redacta una denuncia que de quien tiene que acreditar una conducta típica, antijurídica y culpable".

A juicio de Massó, las acusaciones contra Rato --está encausado por 11 delitos fiscales, blanqueo y corrupción en los negocios-- se han elevado sobre "imputaciones de renta inciertas, sobre alzamientos de bienes inventados y sobre un análisis exhaustivo de toda la documentación incautada por la UCO". "Pero, como todos sabemos, los castillos de naipes caen fácilmente, y veremos cuántos soplidos aguanta éste", ha añadido.

Así, de inicio ha atacado que Rato fuera residente fiscal en España en su época como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) --"no puede ser residente en España con arreglo a la normativa española"-- y ha añadido que esto supone que en los años 2005, 2006 y 2007 no hubo defraudación tributaria alguna.

"Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear y, por tanto, no hay conexidad", ha apostillado, para añadir que de esta forma "esta monstruosa acusación de 11 delitos fiscales decaería, puesto que habría que acogerse de nuevo a los plazos de prescripción lógicos de 5 años".

RESIDENCIA EN EEUU

Tras esta primera exposición, la defensa ha ido entrando en cada una de las imputaciones para tratar de desmontar lo sostenido en los informes tanto de Fiscalía como de Abogacía del Estado. Ha empezado por rechazar que Rato fuera residente en España mientras estuvo en el FMI y ha recalcado que la presentación de una declaración de la renta en España --como hizo el exministro entre 2005 y 2007-- "no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria".

Además, ha señalado que "es imposible" que el que fuera director gerente del FMI estuviera más de 183 días en España en cada uno de esos tres años, algo que le ubicaría como residente fiscal en España. Y ha recordado que han aportado numerosa documentación que ubica al exministro en esas labores en Washington --donde está la sede del FMI--. Así ha enumerado informes de viajes con salida y regreso en Washington, los pasaportes diplomáticos y españoles, la cartilla de vacunación de EEUU, el contrato de compraventa de su casa en EEUU o hasta el alta en el padrón municipal.

Por otro lado, Massó ha explicado que la fuente de renta en esos años era el salario del FMI y las carteras de inversión, que también estaban fuera de España. Y que si se compara el patrimonio que tenía el exministro en el extranjero con el que mantenía en España, el primero era de una cuantía mayor.

LA AMNISTÍA FISCAL

En cuanto a la amnistía fiscal a la que se acogió Rato en 2012 y a las regularizaciones voluntarias posteriores (modelo 720), ha dicho que su mandante regularizó las rentas no prescritas de acuerdo con la normativa tributaria en vigor, por lo que "esa regularización borra el delito". Así, ha apuntado que en el plenario ha quedado claro que se dio esa regularización, "es un hecho incontrovertido, (...) por más que la acusación haya repetido la palabra opacidad", dado que el exministro "afloró voluntariamente su patrimonio".

"Y esta regularización fue obviada durante toda la instrucción, nadie hizo ni caso a la Declaración Tributaria Especial (DTE) del señor de Rato, nadie la revisó, si estaba bien, si estaba mal presentada, si se ajustaba o no a los criterios exigidos de la norma; simplemente se ignoró", ha lamentado, para añadir que la Fiscalía posteriormente introdujo en el plenario que esa DTE "era falaz y era incompleta" para "mantener este castillo de naipes".

En definitiva, ha apostillado, Rato a través del modelo 720 y a través del modelo 750 --amnistía fiscal-- "afloró voluntariamente el patrimonio de Red Rose Financial, de WesCastle y de Vivaway, y regularizó por las rentas que debía regularizar, las no prescritas". Y ha sumado que la declaración de inconstitucionalidad de esa amnistía fiscal por parte del Tribunal Constitucional (TC) "no influye o afecta" a lo aflorado por Rato.

Tras esas puntualizaciones sobre la amnistía fiscal, la defensa ha abordado las ganancias patrimoniales que la fiscal sostiene que no estaban bien justificadas. Massó ha negado que hubiera delito en las mismas alegando además que obraban prescripciones. Y ha tirado de símil para anular la tesis de la Fiscalía, explicando que si esas bolsas patrimoniales en el extranjero fueran una vaca, lo que debería ser objeto de análisis es la leche obtenida --las ganancias-- a partir de esos fondos existentes, y no la vaca en sí misma porque "ya está prescrita".

Por otro lado, en cuanto a los rendimientos del ahorro de Rato, ha explicado que no cabía tributar por ellos dado que el resultado era negativo porque sus carteras "perdían dinero" debido a la "etapa de crisis financiera" vivida.

SOCIEDADES PROFESIONALES

Este jueves, Massó también ha entrado a analizar si el uso de sociedades profesionales por parte de Rato para facturar determinados trabajos fue fraudulenta, tal y como sostiene la acusación. La defensa ha recalcado que todas las sociedades del exministro --Arada, Kradonara o Explotaciones de Carabaña-- "tienen personalidad jurídica y económica, y su existencia nunca se ha puesto en duda".

"Han tenido empleados, han tenido medios, han tenido actividad, (...) han declarado su cifra de negocio y han cumplido sus obligaciones tributarias", ha explicado, para luego añadir que "toda la acusación pivota sobre una nota del año 2010" de un asesor fiscal relativa a un contrato en la que se le decía a Rato que podía caer en simulación si realmente el servicio lo prestaba él.

Basándose en los informes periciales, ha apuntado que no se ha identificado ningún gasto en esas sociedades que no tuviese correlación con la actividad declarada, y que no hubo fraude cuando declararon bases imponibles negativas.

Por otro lado, ha negado que hubiera simulación en los diferentes contratos porque existía la relación: "Si el contrato era cierto, la facturación era cierta, las personas eran ciertas, el servicio era cierto, no hay simulación, no estamos en el caso de simulación".

De hecho, ha apostillado que esas sociedades contaron con seis empleados, que "los trabajadores eran de carne y hueso", y que facturó trabajos de consultoría o de conferenciante por sociedades porque "simultaneaba muchas actividades al mismo tiempo y necesita un equipo que le ayudase". "Decir que son cáscaras o instrumentos no puede ser", ha añadido.

Así, ha llegado a sostener que por ejemplo en el caso de los informes macro realizados para Telefónica, estos los podía hacer cualquier profesional, y que lo que hacía el exministro era ponerle "el marchamo de calidad". "Esta claro que no es una relación personal, y se puede tributar a través de una sociedad", ha indicado.