MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Cellnex Telecom recurrirá de nuevo a instancias judiciales la decisión de la Comisión Europea sobre el plan de ayudas a la expansión de la Televisión Digital Terrestre (TDT), tras concluir Bruselas que las empresas beneficiadas deben devolver los fondos recibidos porque disfrutaron de una ventaja selectiva incompatible con las normas europeas.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de la compañía española de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, que han señalado que deberán analizar el contenido de la decisión "en detalle". Es la segunda vez que el Ejecutivo comunitario obliga a España a recuperar estas ayudas. La primera decisión, tomada en 2013, fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) cuatro años después tras estimar los recursos presentados por las autoridades españolas y las compañías beneficiadas.

"Siempre hemos mantenido que, con independencia de la razón que ampare a la decisión de la Comisión en 2013 o la nueva Decisión anunciada ahora, quienes fueron adjudicatarios de los concursos convocados y adjudicados por las Administraciones en 2008-2010, actuaron de buena fe y en conformidad con las condiciones establecidas en los pliegos que los regulaban, y han suministrado y han prestado tanto los equipos como los servicios que les fueron debidamente adjudicados", sostienen fuentes de Cellnex.

En este contexto, indican que "es evidente que si bien la nueva decisión va dirigida al Reino de España", en su condición de parte afectada, recurrirá de nuevo a las instancias judiciales pertinentes "para expresar una vez más" sus objeciones "de fondo y forma, iniciando de nuevo los procesos contencioso-administrativos oportunos y recurriendo en caso necesario a los distintos tribunales superiores".

Añaden que la nueva decisión no establece el montante final que deberá ser "efectivamente recuperado". "En todo caso, cualquier cantidad recuperada será automáticamente reclamada a la propia Administración vía reclamación patrimonial por suponer un enriquecimiento injusto pues equipos y servicios se han suministrado y prestado a conformidad de la Administración", concluye.

Bruselas no detalla cuánto dinero tendrá que ser devuelto a las arcas públicas, algo que deberán calcular las autoridades españolas en función del número total de empresas afectadas y de las ayudas que recibió cada una de ellas en virtud de este plan. La cifra estimada en el primer procedimiento ascendía a 260 millones de euros.

Así, la "nueva y detallada" investigación de la Comisión Europea ha concluido que "la ayuda recibida por los operadores terrestres para la digitalización y la ampliación de la red de televisión terrestre en zonas remotas de España es contraria a las normas sobre ayudas estatales de la UE", ha explicado en un comunicado.

A juicio de la Comisión Europea, los operadores de plataformas terrestres "recibieron una ventaja selectiva incompatible" frente a competidores que usan otras tecnologías a través de las medidas adoptadas entre 2005 y 2008, lo que infringe el principio de neutralidad tecnológica.

Las ayudas "no eran neutrales" desde el punto de vista tecnológico porque "partían de la TDT como única tecnología para la conversión digital subvencionada" y otras como el satélite "quedaron excluidas de las ayudas. Por tanto, "solo beneficiaban a los operadores de TDT, aunque esta última tecnología y la de satélite se encontraban en una situación comparable de hecho y de derecho".

La investigación se centra exclusivamente a la que fue determinada en el régimen como zona II, constituida por zonas remotas con alrededor del 2,5% de la población y en la cual "los organismos de radiodifusión no tenían ningún interés comercial en prestar el servicio". Por eso, las autoridades españolas optaron por compensar a los operadores por los costes de conversión.

Las pesquisas que derivaron en la primera decisión se iniciaron en 2010 a raíz de una denuncia presentada por el operador de satélite SES Astra. Sin embargo, fue anulada por el TUE "por lo inadecuado de la justificación de la selectividad de la medida".

Bruselas y España tienen abierto además un procedimiento paralelo relacionado con la aplicación de transición digital en Castilla-La Mancha, cuyas ayudas también fueron declaradas incompatibles en 2014. En este caso, la Justicia europea confirmó la conclusión de Bruselas y la recuperación de las ayudas está en curso.