Sostiene que hay afectados en hasta 14 provincias y que la cuantía puede superar el límite para ser competencia de la Audiencia Nacional

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor Santiago Pedraz que asuma la investigación de varias querellas presentadas por perjudicados por la presunta estafa piramidal que se basaba en la comercialización de productos financieros de la mercantil Grupo Herrero Brigantina, que habría afectado a más de 35.000 clientes en toda Europa y que podría ascender --según uno de los querellantes-- a 40 millones de euros.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con ponencia del magistrado Francisco Javier Vieira, admiten el recurso presentado por los afectados contra la decisión del juez instructor de inadmitir sus querellas y denuncias contra Herrero Brigantina, North Atlantic Insure Broker CO y Broker Asegurador de Altamar.

La Sala explica que las querellas relatan cómo el Grupo Herrero Brigantina comercializó el producto 'TOP 25' a sabiendas de que la rentabilidad no iba a ser pagada y que, además, no era respaldada por la aseguradora AXA, siendo una estrategia urdida por el Grupo Herrera Brigantina para hacer la contratación fiable y atractiva para los clientes, lo que sería, a su juicio, un indicio claro del animo de estafar a sus inversores, llevándolos bajo este engaño a hacer un desplazamiento patrimonial en su beneficio.

Si bien Pedraz descartó quedarse con la causa al entender que el fraude estaba muy alejado de las exigencias jurisprudenciales para que fuera competencia de la Audiencia Nacional, los perjudicados sostenían en sus recursos que había "sobrados indicios de que los afectados (...) son una pluralidad de personas (...) distribuidas en diferentes territorios", algo que con independencia de la cantidad defraudada hacía necesario y conveniente que recayera en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

EVITAR DUPLICIDADES EN DILIGENCIAS

El auto de la Sala de lo Penal indica que los hechos denunciados tienen apariencia de delito de estafa y añade que el número de posibles afectados (no inferior a los 82 que figuran en las querellas rechazadas) a los que habría que añadir los perjudicados en los procedimientos en los que se ha rechazado la inhibición, así como el número de provincias con afectados por estos hechos (no menos de 14) y la cuantía supuestamente defraudada (40 millones de euros, según uno de los recurrentes) "son circunstancias que aconsejan que la investigación se lleve en un solo procedimiento".

De esta forma, apunta el Tribunal, se permitirá "la concentración de las defensas por personas con intereses y planteamientos comunes", se evitarán "duplicidades en las diligencias a practicar", y se permitirá el ejercicio del derecho de defensa de los investigados.

Recuerda que la posible cuantía de la defraudación supera, aparentemente, el límite de los 7 millones que establece la jurisprudencia para atribuir la competencia de la investigación a la Audiencia Nacional.