(Información remitida por la empresa firmante)

La Asamblea Parlamentaria Consejo de Europa quiere una investigación, una disculpa oficial y el pago de una reparación a los supervivientes europeos de abusos a menores en el Estado o en instituciones religiosas.

ESTRASBURGO, Francia, 26 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- El Consejo de Europa, al que pertenecen 46 Estados con más de 600 millones de ciudadanos, ha votado hoy a favor de tratar los casos de abusos del pasado siguiendo el ejemplo de Suiza. En consecuencia, el sufrimiento de los supervivientes de abusos a menores debe ser reconocido oficialmente en los Estados miembros, los afectados deben recibir un pago de reparación -independientemente de cualquier prescripción- y debe realizarse una investigación científica en los respectivos países. La Asamblea hace un llamamiento a todos los estados miembros para que hagan balance de la situación de la violencia cometida en instituciones públicas, privadas o religiosas contra los niños, con el fin de crear las condiciones adecuadas para que las víctimas puedan hablar. Las innovadoras recomendaciones del Consejo de Europa se corresponden con las exigencias de la " Justice Initiative " europea, lanzada por la fundación suiza Guido Fluri.

No se puede ignorar el pasado

"Quien ignora los casos de abuso del pasado no puede combatir eficazmente los casos de abuso de hoy y de mañana", afirma el ponente suizo Pierre-Alain Fridez ante el Parlamento del Consejo de Europa. "En Europa, no debemos ignorar nuevamente los abusos a menores, ya sean víctimas de depredadores sexuales, violencia gratuita o malos tratos, ya sea en instituciones públicas, privadas o religiosas que se supone deberían ser refugios seguros". Este argumento convenció a la mayoría.

Hoy se ha aprobado un informe sobre la situación en Europa con recomendaciones claras. Al igual que la comisión responsable del Consejo de Europa, que ya se había pronunciado unánimemente a favor de una reevaluación exhaustiva, una clara mayoría del Parlamento también quiere que los casos de abusos en Europa se reevalúen según el modelo suizo; que el sufrimiento de las víctimas se reconozca en toda Europa y se repare en los respectivos países. Esto incluye los abusos en hogares privados, estatales y eclesiásticos, los abusos en instituciones de acogida y las adopciones forzosas.

Reevaluación basada en el modelo suizo

En Suiza, una iniciativa popular, la "Iniciativa de Reparación" de la Fundación Guido Fluri, dio lugar a una ley estatal centrada en el reconocimiento de la injusticia, la reevaluación científica y los pagos solidarios. Como resultado, más de 12.000 supervivientes de abusos a menores han recibido el reconocimiento oficial de la injusticia y un pago solidario, y los casos de abusos han sido tratados por el Estado.

A raíz del éxito de esta reparación, grupos de víctimas y organizaciones de protección de la infancia de toda Europa unieron sus fuerzas en la "Iniciativa por la Justicia" e hicieron campaña a favor de un proyecto de ley similar en el Consejo de Europa. Este proyecto contó de nuevo con el apoyo de la Fundación Guido Fluri. "El hecho de que el Consejo de Europa haya decidido una reevaluación exhaustiva es un gran momento para los supervivientes de toda Europa. La comunidad europea debe hacer todo lo posible para garantizar que los afectados por abusos a menores reciban algún tipo de justicia en vida", afirma Guido Fluri.

La solución del Consejo de Europa sirve de modelo

El Consejo de Europa exige a los Estados miembros que hagan balance de la situación de los abusos a menores en las instituciones de nuestros países (Doc. 15889 - Informe - Documento de trabajo (coe.int). Las investigaciones deben ser amplias y abarcar los abusos físicos, sexuales y psicológicos. Las circunstancias que permiten tales abusos deben evaluarse país por país e incluir la atención institucional en entornos públicos, privados o religiosos, la atención inadecuada, la acogida en hogares privados, la retirada de niños a padres considerados "no aptos", las adopciones forzosas y las esterilizaciones forzosas.

A continuación, las autoridades deben reconocer el sufrimiento infligido y ofrecer una atención adecuada a sus efectos, si es posible. Esto debe ir seguido de una disculpa formal y oficial de las autoridades a las víctimas pasadas y presentes.

Por último, debe concederse una indemnización a las víctimas, independientemente de su edad: debe haber una reparación oficial para todas las víctimas, para todos los niños que hayan sido objeto de cualquier forma de violencia física, sexual o psicológica y sin límite de tiempo para esclarecer los hechos. Por consiguiente, el tiempo transcurrido entre la perpetración de los abusos y su revelación por la víctima no puede justificar la denegación de cualquier reparación. El importe de la indemnización concedida debe ser sustancial y proporcional al daño y al sufrimiento causados.

Los Estados deben emprender un amplio programa de medidas de prevención y sensibilización, que incluya la supervisión de los centros de acogida institucional y de cualquier situación en la que los niños sean acogidos, con el fin de minimizar los riesgos y detectar los problemas en la fase más temprana posible.

Importante decisión del Consejo de Europa para España

En España la pornografía en Internet es una realidad evidente que afecta a nuestra infancia y juventud. Su entrada en los hogares no es buscada, es en muchos casos un bombardeo del que nuestros niños y nuestras niñas son víctimas involuntarias, mientras utilizan sus herramientas de acceso a las redes. Es necesario implantar medidas que pongan freno a esta lamentable realidad, muchas veces oculta o silenciada. Según datos relevados por un reciente informe, seis de cada diez jóvenes consumen pornografía a través de las redes, un 62'5%. Por ello, esta decisión es importante, también en España.

Además y en lo que a reconocimiento, reparación y acompañamiento se refiere y en el contexto de todos los ámbitos sociales donde se cometieron delitos de pederastia, es inevitable pensar que medidas como esta a nivel europeo y de todos los estados de la UE, son relevantes a la hora de implementar reparaciones económicas individualizadas mediante un fondo económico anual para reparar a las víctimas de por vida, porque las secuelas permanecen para siempre, el reconocimiento debe ser también individual, no sirve generalizado, obtención práctica de la condición de víctima para optar a los derechos que les corresponden como terapias gratuitas o medidas que eviten la exclusión laboral, social y estudiantil de todas las víctimas y supervivientes denunciantes de los delitos cometidos y sin duda una protección integral a todas las niñas y niños, algunos de ellos ya adultos, que sufren doble victimización continuada, estigmatización, amenazas, negacionismo e intentos terribles de cuestionar su credibilidad y la veracidad de sus testimonios.

Juan Cuatrecasas Asua, ex diputado socialista en el Parlamento español, en las legislaturas XIII y XIV, ha manifestado su absoluto apoyo a esta normativa porque supone reconocimiento, acompañamiento y reparación para toda la infancia y adolescencia europea, maltratada y abusada. Era urgente y necesario y por fin, ve la luz. Las víctimas y supervivientes necesitan un reconocimiento con la implicación de los poderes públicos y las instituciones, implementando medidas que les saquen del aislamiento, anulen el negacionismo, las amenazas y los intentos de anular su credibilidad. Ayudarles es cumplir con los derechos humanos y los convenios y tratados internacionales.

(CONTINUA)