MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha transmitido este jueves al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el compromiso del Ejecutivo de "cooperar y estudiar soluciones para apoyar el proceso de transición de la empresa Solvay, en Torrelavega, informó el Ministerio.

La empresa química, que emplea a más de 800 trabajadores directos, está llevando a cabo una estrategia para sustituir su actual planta de cogeneración de carbón por una de valorización de combustibles derivados de residuos.

En una reunión en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y el presidente de Cantabria han abordado las diferentes opciones con las que cuenta la planta de Torrelavega para llevar a cabo esa transición.

Entre las alternativas que se barajan están la negociación con Bruselas para apoyar esta reconversión con Fondos del Pacto Verde o el desarrollo, en el medio plazo, de un mecanismo de obligaciones de eficiencia energética (certificados blancos), señaló el Ministerio.

IMPLICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL.

Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera de "vital importancia" la implicación de todos los actores sociales y, especialmente, del sector industrial, en la transición hacia una economía neutra en emisiones.

En este sentido, Ribera ha reiterado el compromiso del Ejecutivo a la hora de facilitar la descarbonización de todas las empresas y, de forma especial, de aquellas que actúan como motor de la economía nacional, como es el caso de Solvay, de manera "justa e inclusiva, ofreciendo oportunidades de empleo para los territorios y trabajadores afectados".

Con este fin el Gobierno se ha dotado de un Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo adscrito al Ministerio que, entre otras cuestiones, gestiona y tutela la preparación y ejecución de convenios de transición justa, en consenso con las administraciones regionales y locales, empresas y sindicatos, para garantizar el mantenimiento del empleo y la dinamización de la económica e industria de los territorios afectados por la transición.