Frente a los 60 días que defiende una mayoría de Estados miembro que incluye a España

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes las nuevas normas para combatir la morosidad que limitan el plazo de pago en transacciones comerciales a un máximo de 30 días, con algunas excepciones limitadas, frente a los 60 días que defiende una mayoría de 24 Estados miembro, entre ellos España.

La Eurocámara ha adoptado su posición negociadora por 459 votos a favor, 96 en contra y 54 abstenciones, aunque corresponderá al hemiciclo que surja de las próximas elecciones europeas dar continuidad al expediente y a las negociaciones con los Veintisiete.

El proyecto de reglamento introduce una serie de medidas para eliminar ambigüedades y lagunas jurídicas que han limitado la eficacia de la actual directiva. Para ayudar a estandarizar y mejorar la disciplina de pago de empresas y autoridades, el borrador del texto establece plazos de pago máximos más estrictos de 30 días tanto en transacciones de empresa a empresa (B2B) como de gobierno a empresa (G2B).

Sin embargo, para garantizar una mayor flexibilidad a la hora de negociar las condiciones de pago, los eurodiputados si han adoptado disposiciones para un plazo de 60 días naturales en las transacciones B2B, cuando así se acuerde expresamente en el contrato.

Además, dado que los modelos y prácticas comerciales específicos en el sector minorista a menudo requieren períodos de pago más largos debido a factores como la baja rotación de productos, la estacionalidad o los ciclos únicos de los artículos --como juguetes, joyas, equipos deportivos--, los eurodiputados proponen permitir plazos de pago de hasta 120 días en estos casos.

Las nuevas reglas tampoco se aplicarían a los pagos que contribuyan a la distribución y fabricación de libros o su impresión, encuadernación o publicación, donde las condiciones de pago se definen mediante acuerdos entre las partes interesadas.

La propuesta establece un pago automático de los intereses devengados y tasas de compensación por pagos atrasados, por lo que el deudor deberá entre 50 y 150 euros por cada transacción, dependiendo del valor, para compensar los propios costes de recuperación del acreedor.

El texto introduce también nuevas medidas de ejecución, reparación y sensibilización y fomenta el uso de herramientas electrónicas para ayudar a acortar los retrasos y la formación en materia de educación financiera para las pequeñas y medianas empresas.

Una vez al año, las autoridades contratantes, como las entidades gubernamentales, deberán presentar informes accesibles al público sobre sus prácticas de pago a la autoridad nacional de aplicación y se propone crear un Observatorio Europeo de la Morosidad para supervisar, recopilar y compartir datos sobre la morosidad y las posibles prácticas nocivas.